El terreno donde funciona Canal 13 pertenece, en realidad, al Estado Nacional. La historia comienza con los militares y continúa con el menemismo. Tramites trabados, y negociados sucios, fueron algunas de las artimañas que puso en practica Hector Magnetto para no pagar un predio que es usado cotidianamente por su empresa que factura millones. Sintetizando: desde 1995 Clarín usa gratuitamente el edificio de la calle Constitución a pesar de no ser el dueño. Un informe de Tiempo Argentino da cuenta de la historia del predio que ocupa el Grupo Clarín.
Todo arranca, como no puede ser de otra manera, con la mano negra de los militares. En 1978, el brigadier Osvaldo Cacciatore, que tuvo a su cargo la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, lanzó el Plan de Autopistas Urbanas. Que incluyó la construcción de la Autopista 25 de Mayo, inaugurada en 1980. Como el trazado implicaba expropiar terrenos en los que estaban construidas viviendas particulares y varios predios pertenecientes al Estado, en compensación, la municipalidad le cedió algunos lotes al gobierno nacional.
Ya en el menemismo el Grupo Clarín se quedó en 1989 con el canal y sus estudios. En ese entonces el Estado entregaba en comodato el terreno por cinco años con opción de compra. En 1994 ARTEAR (la empresa del multimedios que gestiona la licencia de Canal 13) comunicó al Estado su voluntad de conocer el valor del inmueble. Entonces, el Banco Ciudad, el Banco Nación y el Tribunal de Tasaciones establecieron que la propiedad costaba $ 2.100.000. Para Magnetto, el precio fue muy alto y ordenó a sus abogados impugnar la tasación realizada por los organismos oficiales. Esta operación se repitió varias veces: la empresa pedía una valuación del predio para luego rechazarla.
El “comodato con opción de compra” venció el 12 de enero de 1995, pero gracias a una resolución de la Secretaría de Medios del menemismo el multimedios cuenta con el extraño beneficio de usar gratuitamente un predio valuado el 16 de septiembre de 2009 en $ 14.740.000. El ex funcionario de Carlos Menem, Guillermo Seita, estableció una prórroga del comodato “hasta que culmine el trámite de opción”, lo que implicaba que hasta que el Estado llegue a un acuerdo con ARTEAR, la empresa seguiría ocupando el inmueble. El 12 de noviembre de 2009 a las 14, los representantes de ARTEAR debían presentarse en la Escribanía General del gobierno de la Nación para hacer efectiva la opción de compra de los terrenos de Cochabamba 1185. Pero un simple trámite burocrático entre la Ciudad y la Nación frenó la operación. El 2 de diciembre de 2009, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, envió una nota a Mauricio Macri en la que se lo intimaba a acelerar el trámite de escrituración pendiente desde 1978, pero el jefe de gobierno respondió que se tomaría su tiempo.
Otra muestra de incumplimento ante la ley del Grupo Clarín. Es necesario seguir descubriendo la ilegalidad e impunidad y esclarecer definitivamente sobre todos estos temas.
* Diario Registrado
Agencia Paco Urondo
Mundo Perverso
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